El general en retiro Mario Montoya está bajo sospecha de haber ordenado los crímenes de rebeldes entre 2007 y 2008.
«Lo vamos a imputar como el determinador por homicidio agravado (…) de 104 de los llamados falsos positivos», dijo el fiscal general, Francisco Barbosa, aludiendo al escándalo en el que militares ejecutaron a miles de civiles entre 2002 y 2008 para hacerlos pasar por bajas en medio de una feroz lucha antiguerrillera.
Según el ente investigador estos asesinatos ocurrieron entre 2007 y 2008 y cinco de la víctimas eran menores de edad. «Todos los autores materiales fueron miembros activos del Ejército», agregó Barbosa.
Montoya se sometió en 2018 a la Justicia Especial de Paz (JEP), que investiga los peores crímenes del conflicto y que ofrece penas alternativas a la cárcel a quienes confiesen sus crímenes y reparen a las víctimas. Su expediente no ha sido resuelto.
Según la JEP, más de 6.400 civiles fueron asesinados durante el gobierno de Álvaro Uribe por militares incentivados por un «body count» o conteo premiado de cuerpos.
La imputación de la fiscalía busca «ayudar» al tribunal surgido de los acuerdos con la guerrilla FARC en 2016 a esclarecer estos crímenes, explicó Barbosa.
El general niega haber instigado estos crímenes y su defensa sostiene que «en ningún momento existió una directiva o directriz al ejército para hechos tan atroces».
El entonces mayor del ejército Gustavo Soto relató que Montoya medía los resultados operacionales «en muertos».
Fuente: NA
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